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jueves, 29 de marzo de 2012

LOS CRÍMENES DEL FRANQUISMO QUEDAN IMPUNES

El Supremo cierra la vía a la investigación penal de los crímenes del franquismo.
Decide que la apertura de fosas corresponde a los juzgados del lugar donde se encuentren. Los familiares podrán instar su identificación.

JULIO M. LÁZARO EL PAÍS MADRID




Excavaciones en las fosas comunes de la Guerra Civil en el antiguo cementerio de San Rafael de Málaga. / JULIÁN ROJAS

El Tribunal Supremo ha decidido que la competencia sobre las fosas del franquismo es de los juzgados de la localidad donde se encuentren y no de la Audiencia Nacional, aunque cierra la vía a investigar los crímenes del franquismo como “delitos contra la humanidad” ya que considera que no estaban en vigor durante la contienda y posteriormente los considera prescritos. La Sala admite que los familiares de desaparecidos puedan instar la apertura de fosas en los juzgados donde se localicen y que se atengan a los “recursos legales” para satisfacer los derechos de lograr las identificaciones.

Según el Supremo, el delito de detención ilegal de carácter permanente sin dar razón del paradero de la víctima, presente en el Código Penal de 1928, desapareció en el de 1932, para ser reincorporado al de 1944, de modo que no estuvo vigente durante la mayor parte del tiempo en que tuvieron lugar las acciones que se trataría de perseguir. Añade el auto que el argumento de la permanencia del delito fundado en la hipotética subsistencia actual de situaciones de detención producidas en torno al año 1936, “carece de plausibilidad”.

Según el auto que decide la competencia, aunque se admitiese que los familiares de los asesinados no tuvieron la posibilidad de instar la persecución de esos delitos durante la dictadura, y hubiera que iniciar el cómputo de la prescripción a la entrada en vigor de la Constitución, el 29 de diciembre de 1978, incluso en este supuesto, el plazo de de 20 años habría transcurrido en todo caso. También declara que la ley de Amnistía de 1977 forma parte del ordenamiento vigente y determina la extinción de la responsabilidad criminal de las penas impuestas o que pudieran imponerse.

La Sala Penal del Supremo confirma que la Audiencia Nacional ya resolvió que la competencia parara investigar los crímenes del franquismo no era del juzgado de Baltasar Garzón, pero también dijo que esa resolución no afectaba “al legítimo derecho de las víctimas de la guerra civil y la dictadura del general Franco, de recuperar los restos de sus seres queridos, dignificarles y honrar su memoria”.

La resolución excluye expresamente la posibilidad de enjuiciamiento penal de los autores de los crímenes del franquismo. “Esa clase de legítimas pretensiones no podrá canalizarse hacia el proceso penal ni llegar a concretarse en declaraciones de responsabilidad por delito”.

Sin embargo, eso no será obstáculo para que, en presencia de indicios de restos de posibles víctimas de delitos susceptibles de localización, “pueda instarse del Juez de Instrucción competente la práctica de las diligencias dirigidas a datar aquellas acciones criminales y, si fuera necesario, a la identificación de los afectados, para proceder luego, consecuentemente, en derecho”.

El Supremo expone desde la dignidad de las personas hasta “razones de policía sanitaria mortuoria” para señalar que “los restos de quienes hubieran sufrido muertes violentas no pueden permanecer en el anonimato, ni fuera de los lugares propios de enterramiento”

Tampoco cabe imponer a sus familiares el gravamen de esa clase de situaciones, “moral y jurídicamente insostenibles”, dice el Supremo, para lo que se remite a los “recursos legales, por más que su suficiencia se discuta”, como la Ley de Memoria Histórica. También cita como otros recursos los expedientes de jurisdicción voluntaria previstos en la Ley de Enjuiciamiento Civil y la Ley de Registro Civil de 2011 que incluye una disposición adicional sobre inscripción de defunción de desaparecidos durante la guerra civil y la dictadura.

El fallo concluye decidiendo la cuestión de competencia a los juzgados promotores de la misma, los de Granada y El Escorial en los que se encuentran las fosas del poeta Federico García Lorca y las tumbas de republicanos llevados al Valle de los Caídos, “que deberán continuar la tramitación en el
marco de lo acordado y como crean que procede en derecho”.

miércoles, 21 de marzo de 2012

EL FRANQUISMO DE LA SANTA TRANSICIÓN



Soraya Sáenz de Santamaría es un producto político del franquismo validado por la Santa Transición. Como tal, sirve al Partido Popular que ha logrado incrustar la ideología del nacionalcatolicismo y del nacionalsindicalismo en una democracia coronada. Monarquía cuyo rey también es producto de un dictador hacedor de reyes. Una auténtica obra de orfebrería y damasquinado. Ataujía muy difícil de digerir por los demócratas que defendieron la República, los españoles que perdieron la Guerra Civil y sobre todo las víctimas del genocidio franquista hasta la muerte del generalísimo Franco, caudillo de España por la Gracia de Dios. Los cómplices de esta situación pervertida en su origen y viciada a través de 37 años, son los gestores y cómplices del franquismo post mórtem: La derecha imperante y la izquierda amnésica. La España de 2012 está amordazada y secuestrada por el franquismo más insolente y descarado. Escribiendo al dictado de la Europa de los mercaderes del dinero: usureros, especuladores, embusteros y traficantes de las miserias de los trabajadores. Sin futuro como país.
¡Bien se están aprovechando estos secuaces esbirros del franquismo de la España de la siesta!

LA NIÑA DE RAJOY

SORAYA EMPERATRIZ DE LA TRANSICIÓN FRANQUISTA


sábado, 17 de marzo de 2012

LA DELEGADA DEL GOBIERNO SERÁ LEGAL PERO NO JUSTA


2.000 euros de multa por manifestarse a favor de Garzón

Gaspar Llamazares ha pedido en una carta a la delegada del Gobierno en Madrid que retire la multa impuesta a un ciudadano por participar en dos manifestaciones


PÚBLICO.ES/EFE Madrid 17/03/2012



Manifestaciones a favor de Garzón.- EFE

Izquierda Unida ha pedido este sábado a la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, que archive los dos expedientes iniciados para sancionar a un hombre con 2.000 euros por participar en dos concentraciones de apoyo al exjuez Baltasar Garzón. Según informa esta formación, el diputado de IU Gaspar Llamazares ha remitido una carta a Cifuentes al conocer que ésta ha enviado dos escritos de "acuerdo de iniciación de un procedimiento administrativo" contra un ciudadano avisándole de la imposición de dos sanciones de 1.000 euros cada una por haber participado en sendas manifestaciones de respaldo al exmagistrado. 'Público.es' ha tratado de conocer la versión de la delegación del Gobierno pero no ha obtenido respuesta.
En la misiva, Llamazares recuerda a Cifuentes que él mismo, en calidad de diputado, ha participado en algunas de esas manifestaciones ciudadanas de apoyo al Garzón, "todas ellas pacíficas, en las que también estuvieron presentes miles de personas, en Madrid y en otras capitales".


miércoles, 14 de marzo de 2012

GARZÓN SIGUE MARCANDO EL CAMINO

HEMEROTECA PÚBLICO


El Supremo tiene pendiente esta respuesta desde 2009

EUROPA PRESS Madrid 14/03/2012


Inicio del proceso de exhumación de la fosa de mujeres de Guillena. Laura León

El Tribunal Supremo asignará la competencia en la apertura de las fosas del franquismo. La deliberación se llevará a cabo a puerta cerrado durante este miércoles. Concretamente, decidirán a quien corresponde la competencia en la apertura de la fosa en la que supuestamente está enterrado Federico García Lorca, después de que el Juzgado de Instrucción 3 de Granada rechazara hacerse cargo del dictamen para la exhumación al entender que se enmarcaba en "crímenes contra la humanidad". Además, el Supremo podría pronunciarse sobre la apertura del Valle de los Caídos, ya que también un juzgado de El Escorial (Madrid) se vio igualmente incompetente para ello en julio de 2009. El Supremo tiene pendiente esta respuesta desde 2009, una cuestión que planteó el juez Baltasar Garzón en junio de ese año después de que los juzgados de instrucción número 2 de San Lorenzo de El Escorial y el juzgado de instrucción número 3 de Granada rechazaran hacerse cargo de la investigación de las fosas halladas en sus respectivos territorios. Los dos juzgados anunciaron su negativa tras conocer que Garzón se encontraba en suspenso, desde abril de 2010, a la espera de que se resolviera la causa que se mantenía abierta por investigar estos hechos. Quienes van a determinar una respuesta a esta cuestión serán el presidente de lo Penal, Juan Saavedra y los magistrados Andrés Martínez Arrieta, Miguel Colmenero, Luciano Varela y Perfecto Andrés Ibáñez, esté último será el ponente de la resolución. Tanto Ibáñez como Colmenero formaron parte del tribunal que absolvió a Garzón de un delito de prevaricación del que había sido acusado por investigar los crímenes del franquismo. Según la sentencia, "el derecho a conocer la verdad histórica no forma parte del proceso penal", sino que deben llevarlas a cabo las Administraciones.

sábado, 3 de marzo de 2012

GARZÓN A UN PASO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL




La Fiscalía del Supremo se opondrá a anularla sentencia a Garzón

Lo ha anunciado el fiscal general, Eduardo Torres-Dulce

EFE MADRID 02/03/2012

El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha anunciado que la Fiscalía del Tribunal Supremo se opondrá a la petición de nulidad de la sentencia que condenó a Baltasar Garzón a once años de inhabilitación por ordenar las escuchas del caso Gürtel formulada por la defensa del juez. De esta manera, la Fiscalía cambiará su criterio respecto a Garzón, a quien respaldó por ordenar la intervención de las comunicaciones.

Torres-Dulce ha insistido en que respeta pero no comparte los alegatos del exmagistrado de la Audiencia Nacional, que consideró "gravísimamente errónea" la sentencia. El fiscal asegura que, según lo que le han transmitido desde la Fiscalía del Tribunal Supremo, "no se pueden compartir los criterios expresados "en el escrito presentado por la defensa de Garzón, por lo que "su última palabra" es oponerse a la solicitud.

La presentación del incidente de nulidad, que en la inmensa mayoría de los casos es rechazado por el Supremo, es un requisito obligatorio para poder interponer un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.

Preguntado sobre si apartará a las fiscales del caso Gürtel, tal y como ha solicitado la defensa del supuesto cabecilla de la trama, Francisco Correa, ha subrayado que no existen motivos para ello y así lo expondrá la Fiscalía "de forma clara y tajante".