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domingo, 29 de enero de 2012

LA FARSA por Luis García Montero

Son malos tiempos para la justicia.

Vengan a ver la farsa,
el decorado roto, la peluca mal puesta,
palabras de cartón y pantomima.

Son malos años para la justicia.

Como el mar no es azul,
los barcos equivocan la cuenta de sus olas.
Como el dinero es negro,
la moneda menguante de la luna
ha pagado el recibo de la noche.

Son malos meses para la justicia.

Se citaron el crimen y el silencio,
no descansan en paz los perseguidos,
el ladrón y el avaro se reúnen
y la ley no responde a la pregunta
de la bolsa o la vida.

Son malos días para la justicia.

Más de cinco millones de recuerdos
naufragan con sus nombres en la cola del paro.
Los vivos han perdido la memoria
y los muertos no tienen donde caerse muertos.

Son malas horas para la justicia.

La política sueña
una constitución en la que refugiarse.
Los periódicos piden
una buena noticia que llevarse a la boca.
El poeta no encuentra
las palabras que quiere para decir la verdad,
reparación, historia,

porque son malos tiempos,
porque los tribunales
se han sentado a cenar en la mesa del rico.

Vengan aquí y observen,
es el tinglado de la nueva farsa,
la toga sucia y el culpable limpio.

"No vamos a renunciar a la verdad y la justicia"

Una marcha defenderá hoy en Madrid la investigación del franquismo por la que está siendo juzgado Garzón

IÑIGO ADURIZ MADRID 29/01/2012

"No vamos a renunciar a la verdad, la justicia y la reparación; por muchos obstáculos que nos pongan desde distintas instituciones, administraciones y tribunales, o desde aquellos que son o se sienten herederos del franquismo". Con esta determinación, numerosos colectivos instigados por varios intelectuales y artistas saldrán este domingo a la calle en Madrid en una manifestación en apoyo a Baltasar Garzón pero, sobre todo, a la investigación que inició el juez de los crímenes de la dictadura.

jueves, 19 de enero de 2012

GARZÓN Y LA TRANSICIÓN

Artículo de Vicenç Navarro

Ilustración de Mikel Jaso

Los trabajos de Vicenç Navarro, reflejan y denuncian la verdad sustraída a la Transición. En términos más populares detectados por el vulgo no solamente español, sino del mundo democrático, es preciso desenmascarar esta patraña que consiste en mantener, que la Constitución consensuada fue el pacto del olvido. Y sobre todo garantía de la impunidad de los crímenes del franquismo. En primer lugar la Corona. ¿Por qué no condena el franquismo? Porque la dictadura de Franco y la instauración de la monarquía tienen la misma base y el mismo origen. El golpe de estado que derrocó a la República. Franco se convirtió en la piedra angular del nuevo sistema. Rechazo de la República y proclive de la monarquía albergue de caciques. La Constitución de 1978 se erigió sobre la misma legalidad y legitimidad que la II República, pero Juan Carlos I se refugia en su trono recuperado, omitiendo dos requisitos que le reconciliarían con el pueblo y con la Historia: Reconocimiento de la legitimidad de la República y la condena de la dictadura. De esta manera se distanciaría de la dictadura y de Franco, y se acercaría a las víctimas de la Guerra Civil provocada por el golpe que derribó la República y de los que sufrieron la dictadura. No hay argumento que pueda hacer esta verdad cuestionable. Aunque se han vertidos chorros de tinta para justificar esta situación como la única posible. Y como consecuencia el tejido social emanado de esa falacia, fue constitutivo de la nefasta Transición. Los tres poderes del Estado han estado y están contaminados de esta perversión. Todos los partidos políticos que tejieron el entramado de la transición, por mucho que ahora la izquierda más significativa, quiera despegarse del bloque constitucional, han optado por unas posturas colaboracionistas con el franquismo. Los medios de comunicación han sido auténticos heraldos loando la Transición como la panacea de la salida de cualquier régimen despótico que haya que reconvertir en una modélica democracia. Hay demasiada gente embarcada en esta mentira. El franquismo se halla incrustado en todas las capas de la sociedad española. Sobre todo es más visible en el Partido Popular, legítimo heredero, que hunde sus raíces en el seno de la dictadura, teniendo como cordón umbilical a Fraga, su fundador. Despedido con alabanzas y discreción de todos, a excepción de Izquierda Unida. Igual que en el caso de la Corona, el PP jamás condenará el régimen de Franco por ser afín a sus principios e intereses. Los tres poderes del Estado han tenido la oportunidad de manifestar su militancia franquista, más o menos explícitamente. El poder judicial procesando a un juez por tratar de investigar el genocidio franquista. El poder legislativo por no condenar la dictadura, y el poder ejecutivo por no romper con la farsa de la reconciliación entre los españoles, derogando leyes que ya no son conformes con la Justicia Universal. Hay acciones del Gobierno socialista que han ido en sentido contrario, cuando ha pactado con los franquistas (PP), mutilar la legislación española en esta materia, para beneficiar a países cuyos regímenes no respetan los derechos humanos. Ejemplos: China e Israel. En la medida que aumente la valentía y el arrojo del pueblo, las mascaras de los franquistas irán cayendo vencidas por la vergüenza, incluyendo la del Rey de España. Pedro Taracena

Garzón y la Transición

19 enero 2012


Vicenç Navarro
Catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas de la Universitat Pompeu Fabra

Una de las concepciones más extendidas en los círculos políticos y mediáticos de mayor influencia y difusión en España es que la Transición de la dictadura a la democracia fue modélica. Liderada por el monarca, tal Transición dio como resultado –según esta versión– una democracia homologable a cualquier otra democracia existente en Europa, lo cual se consiguió sin mayores convulsiones en las instituciones políticas, económicas, financieras y mediáticas del país. El supuesto éxito de tal proceso explica que se haya querido incluso exportar este modelo de Transición a otras dictaduras que estaban bajo presión para que se transformaran en sistemas democráticos. Varias veces, el ministro de Asuntos Exteriores ha sugerido a dictaduras en declive, y a sus opositores democráticos, que tomaran la Transición española como punto de referencia.

La misma concepción que valora la Transición española como modélica (elemento fundamental de la sabiduría convencional existente en el país sobre aquel proceso), también considera ejemplar el compromiso adquirido por las fuerzas políticas mayoritarias de no hurgar en el pasado. Es decir, olvidarse de las enormes violaciones de los derechos humanos, predominantemente realizadas por las fuerzas golpistas en contra de un sistema democrático, olvido que se defendía y continúa defendiéndose como necesario para construir el futuro. Parte de este objetivo asumía que los definidos como los dos bandos del conflicto civil eran igualmente responsables de lo acaecido y que, por lo tanto, era mejor cerrar cuentas y olvidarse de lo ocurrido. De esta concepción deriva la Ley de Amnistía, en que todas las violaciones quedaron amnistiadas, ley que se considera determinante para que ocurriera la Transición, supuestamente modélica. Hay que señalar que, aun cuando las derechas fueron las que promovieron esta versión de la Transición, muchos elementos importantes fueron también asumidos por grandes sectores de las izquierdas, lo cual contribuyó a que tal percepción se reprodujera casi como un dogma.

Tal dogma, sin embargo se basó en una falsedad. La Transición no fue modélica como tampoco lo fue la democracia que estableció. Fue un proceso realizado bajo el dominio de las fuerzas conservadoras y por los aparatos heredados del régimen anterior, liderados por la monarquía, y claramente enquistados en el Estado español. No fue una Transición pactada entre iguales: antes al contrario. Las izquierdas acababan de salir de la cárcel o de la clandestinidad y del exilio.

Su peso procedía de las enormes movilizaciones de la clase trabajadora y otros elementos de las clases populares que presionaron para que terminara aquel régimen. De ahí que, aun cuando el dictador murió en la cama, la dictadura muriera en la calle. No obstante, las izquierdas no tenían el poder ni para romper con aquel Estado ni para negociar en bases de igualdad, dando lugar al enorme sesgo conservador que existe, no sólo en las estructuras del Estado, sino también en las instituciones financieras, económicas, culturales y mediáticas del país. Es este poder el que explica las enormes insuficiencias del Estado del bienestar español, que 33 años después de terminar la dictadura todavía tiene el gasto público social más bajo de la UE-15. La democracia incompleta ha conducido a un bienestar claramente insuficiente.

No hay un indicador mejor de lo inmodélica que fue la Transición y de las enormes limitaciones que tiene la democracia española que lo que ocurrirá esta próxima semana. El Tribunal Supremo juzgará al único juez que se ha atrevido a exigir al Estado que encuentre a los desaparecidos durante la brutal represión de los golpistas sublevados contra las fuerzas democráticas, honrándolos, a la vez que denunciando a los responsables. Esta situación cubre de vergüenza a toda España.

¿Cómo puede España presentarse como una sociedad democrática cuando ocurre este hecho que culmina un proceso que reproduce una de las mayores injusticias que ha ocurrido en el siglo XX en Europa? España es el país donde ha habido un número mayor de desaparecidos por causas políticas en Europa sin que se haya hecho nada sobre ello. Y cuando se quiere hacer algo, el Estado (nada menos que el Tribunal Supremo) quiere cerrar el caso y castigar al juez que osó mirar bajo la alfombra e intentar hacer algo de limpieza, reconociendo además a aquellos que fueron asesinados por su compromiso con la democracia. La comparación de lo que está ocurriendo en España con lo sucedido en otros países que sufrieron dictaduras fascistas o fascistoides semejantes es un indicador más del enorme subdesarrollo democrático de este país. En ningún otro país ha habido la ocultación de esta enorme represión, dejando indefensos a las víctimas y a sus familias, que no pueden ni siquiera honrar a sus muertos (que son los muertos de todos los demócratas) por no saber dónde se encuentran. El contraste entre el comportamiento del Estado español hacia las víctimas del terrorismo de ETA y el de las víctimas de las fuerzas golpistas y del Estado terrorista es bochornoso (no hay otra manera de definirlo).

Esta situación es indignante y vergonzosa. El Tribunal Supremo no es consciente del enorme desprestigio que el enjuiciamiento de Garzón por el caso de los desaparecidos significa para la Justicia española y para el Estado español. En el programa de humor de mayor audiencia en Estados Unidos se señalaba que, en la misma manera que Bolivia, sin mar, tiene Ministerio de Marina, España tenía Ministerio de Justicia. ¿No se dan cuenta de la vergüenza que están originando los miembros del Tribunal Supremo con su comportamiento, en el ámbito internacional? Por mera coherencia democrática debería haber manifestaciones a lo largo del territorio español en protesta por el insulto que el enjuiciamiento de Garzón supone a todas las fuerzas democráticas de España y del mundo.

martes, 17 de enero de 2012

LINCHAMIENTO A UN JUEZ

Ilustración de Federico Yankelevich

Hemeroteca: PÚBLICO

Malos tiempos para el Supremo

17 enero 2012

Carlos Jiménez Villarejo
Exfiscal Anticorrupción

La celebración de los dos juicios orales por la Sala Segunda del Tribunal Supremo (TS) contra el juez Garzón es un signo más de la crisis del Estado de derecho en España. El primer juicio que va a celebrarse, el de las escuchas telefónicas de los principales imputados del caso Gürtel con sus abogados, supone, por sí solo, una ofensa a la conciencia democrática. Los principales responsables de la trama, que permanecen en prisión preventiva desde hace tres años, son los acusadores del juez que los investigó. La sola admisión de la querella ya constituyó la forma más grave producida hasta ahora en España de alianza objetiva de los tribunales y la corrupción, porque transmitió un mensaje evidente de amparo de sus conductas y de posible impunidad. Y significa que los presuntamente corruptos han conseguido ya una victoria: someter a un proceso penal por prevaricación al juez que se ha atrevido a investigarlos.

El juez Barreiro, instructor de este proceso contra Garzón –que tanto empeño ha puesto en amparar, decía, el derecho de defensa– ha contribuido decisivamente al archivo definitivo de la causa por el genocidio cometido por la República Popular China contra el pueblo tibetano. En una resolución, ramplona desde el punto de vista jurídico, de 6-10-2011, de la que fue ponente, le dio un hachazo al principio de justicia universal manteniendo la impunidad de tal genocidio. Pero, eso sí, la investigación de la corrupción y del blanqueo de capitales tiene, a su juicio, límites infranqueables que el juez Garzón traspasó.

Respecto al juicio oral por la investigación de los crímenes del franquismo conviene recordar ciertos antecedentes para situar el contexto en que se produce. El juez, ante las denuncias de los familiares de los desaparecidos en 2006, acordó una investigación penal –el sumario 53/2008– por “delitos de detención ilegal sin dar razón del paradero de las víctimas en el contexto de crímenes contra la humanidad”, con una rigurosa fundamentación jurídica nacional e internacional. Por esta y otras resoluciones, el TS está a punto de juzgarlo por un inexistente delito de prevaricación.

El juez hizo una estimación provisional de desaparecidos durante la Guerra Civil y la posguerra: 114. 266. A finales de 2008, las cifras de desaparecidos ya llegaban a los 152.237. Según el informe más reciente de la Oficina para la Atención de las Víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura, actualmente existen 1.204 fosas pendientes de actuación extendidas por todo el territorio nacional donde permanecen abandonados los restos de las víctimas de los “escuadrones de la muerte franquistas”, según dijo el Consejo de Europa. ¿Será posible que alguna vez el Estado y los tribunales abandonen la “lógica hobbesiana del poder” y se alineen con la “lógica de las víctimas”. El TS tiene la ocasión de hacerlo.

¿Cómo pueden estimarse válidas las resoluciones dictadas durante la fase de instrucción de los dos procesos por tribunales declarados parciales? Y cuando son sustituidos por otros magistrados, concurren en estos fundadas razones para estimarlos tanto o más parciales que los anteriores. Es el caso de los jueces Varela y Marchena, nuevos miembros de la Sala que va a enjuiciar el caso de las escuchas de Gürtel.

Todas las resoluciones dictadas por esas dos salas, declaradas parciales, están empañadas de injusticia. Y todo el material probatorio acumulado contra el juez Garzón en estas dos causas está viciado y no puede fundamentar, en un régimen procesal de garantías democráticas, una acusación formal contra el mismo.

Además, en el proceso contra el juez por los crímenes del franquismo concurre una circunstancia excepcional que permite dudar de la imparcialidad de los magistrados Soriano Soriano, Sánchez Melgar y Andrés Ibáñez. La Audiencia Nacional (AN), a finales de 2008, privó de competencia al juez Garzón para conocer las desapariciones forzadas y, consecuentemente, el citado sumario 53/2008 se fragmentó y se enviaron las piezas separadas en que se dividió el procedimiento a 66 juzgados de instrucción de España. Tantos como fosas comunes se habían localizado hasta esa fecha.

Pero dos de ellos, los de El Escorial y el 3 de Granada, entendieron que no eran competentes para conocer crímenes contra la humanidad y devolvieron los procedimientos a la AN. El conflicto de competencia planteado fue resuelto por el TS. Y el 26-03-2010, la Sala, de la que formaban parte dichos magistrados, en lugar de decidir qué juez era competente para conocer dichos delitos, adoptó una decisión tan insólita como irracional. Se subordinó y aplazó la resolución del conflicto a determinar si el juez Garzón había o no prevaricado. Decisión de gravísimas consecuencias, porque desde aquella fecha muchos juzgados de instrucción, ante la ausencia de un criterio jurisprudencial definido, han estado archivando denuncias por desapariciones, archivos que, por el tiempo transcurrido, han resultado ya firmes e irreversibles. Por tanto, la decisión de aquellos magistrados, que estaban obligados a prever estas consecuencias, ha intensificado el desamparo de las víctimas negándoles para siempre derechos reconocidos por el Derecho Humanitario Internacional vigente en España.

Ya veremos cómo concluyen estos dos juicios, pero la sociedad española e internacional tiene una clara percepción: el TS, como cúspide del Poder Judicial, no inspira excesiva confianza a nuestra sociedad democrática. En cambio, la dignidad profesional del juez Garzón no sólo permanece intacta, sino que se ha acrecentado.

domingo, 15 de enero de 2012

EL SUPREMO, "UN INSTRUMENTO DEL FASCISMO ESPAÑOL"

"Es necesario crear una atmósfera de terror, hay que dejar sensación de dominio eliminando sin escrúpulos ni vacilación a todo el que no piense como nosotros"

Hemeroteca de PÚBLICO:


domingo, 8 de enero de 2012

MEMORIA HISTÓRICA

La asociación La Comuna reivindica

la investigación de las torturas del franquismo

DIEGO BARCALA MADRID 08/01/2012

Tan sólo dos años después de la caída del muro de Berlín, el escritor alemán Georg Dreyman acude a los archivos de la Stasi, la poderosa policía secreta de la antigua RDA, a comprobar quién era el policía encargado de espiarle, qué escribió sobre él, qué sabía de su vida... La conocida escena pertenece a la película La vida de los otros (Florian Henckel von Donnersmarck, 2006) y representa la ruptura con el pasado que España no hizo en su transición. Los expresos políticos españoles no sólo desconocen qué fue de sus informes policiales sino que los que ordenaron su elaboración, los utilizaron para condenarlos, los encarcelaron y hasta les torturaron siguieron en sus puestos o incluso fueron condecorados por el nuevo régimen democrático.

Enlace del reportaje completo: