El magistrado se declara competente al entender que se
trata de delitos de detención ilegal en un contexto de crímenes contra la
humanidad
ÁNGELES VÁZQUEZ Madrid 16/10/2008
El magistrado adopta la decisión al entender que se trata de delitos de
detención ilegal en un contexto de crímenes contra la humanidad.
Contra altos
organismos
En opinión de Garzón, el alzamiento nacional fue un delito contra altos
organismos de la nación —que competen a la Audiencia Nacional—, y no han
prescrito al estar en conexión con las desapariciones forzadas que se
produjeron en aquellos años.
Garzón pide los certificados de defunción de Franco y otros 34 generales
franquistas
En su auto, Garzón pide a los registros civiles los certificados de
defunción de Francisco Franco y otros 34 generales franquistas, a fin de poder
declarar extinguida la responsabilidad penal que pudieran tener en el delito
investigado.
Asímismo, el juez solicita al Ministerio del Interior que identifique al
mayor número de dirigentes de la Falange Española entre junio de 1936 y
diciembre de 1951 para imputarles o declarar extinguida su responsabilidad si
hubieran fallecido.
La Fiscalía ha anunciado que recurrirá la decisión de Garzón porque
considera que la Audiencia Nacional no es el órgano competente para ello.
Según fuentes de la Fiscalía, los argumentos en que se basará el recurso serán
que los delitos han prescrito con motivo de la Ley de Amnistía (1977), que los
hechos son, en todo caso, competencia de los juzgados territoriales y que el
concepto de crímenes contra la Humanidad, en que Garzón enmarca la competencia
de la Audiencia Nacional, comenzó a aplicarse desde los juicios de Nuremberg en
1945, ya en pleno régimen franquista.
Antes de que Garzón admitiera hoy a trámite las denuncias de veintidós
asociaciones de desaparecidos, la Fiscalía de la Audiencia Nacional ya pidió en
enero que no las admitiera por entender que no hay razón jurídica para iniciar
un procedimiento y porque la Audiencia Nacional carece de competencia para
investigar estos hechos, ya que la doctrina establecida por el Tribunal Supremo
permite aplicar al caso la Ley de Amnistía.
La Fiscalía ya solicitó en febrero pasado la inadmisión a trámite de la
querella por estos mismos motivos.
Listado de víctimas
Garzón pidió el pasado 1 de septiembre a instituciones como el Valle de los
Caídos, la Conferencia Episcopal Española (CEE), el Centro Documental de
Memoria Histórica y a los alcaldes de Madrid, Sevilla, Granada y Córdoba la
elaboración de listados de víctimas y la aportación de datos sobre los
desaparecidos durante la Guerra Civil.
Posteriormente, amplió la información a los tribunales republicanos creados
en la contienda durante la defensa de Madrid, y solicitó a la Conferencia
Episcopal Española (CEE) que instara a los obispos a que le enviaran la
información solicitada.
De toda España
Exhumación del cadáver de un hombre
asesinado en la Guerra Civil. (AFP)
El listado entregado a Garzón recoge datos de las 17 comunidades autónomas,
entre las que destaca Andalucía, con 29.091 víctimas; Valencia, con 28.892; y
Castilla y León, con 15.269. Además, el juez ha recibido el nombre de 10.266
víctimas de Extremadura, 10.178 de Aragón, 9.759 del País Vasco, 7.885 de
Castilla-La Mancha, 4.396 de Galicia, 3.431 de Navarra, 2.995 de Madrid, 2.535
de Cantabria, 2.400 de Catalunya, 2.007 de La Rioja, 1.777 de Baleares; 1.246
de Asturias, 855 de Murcia, 457 de Ceuta, Melilla y el norte de Africa, 262 de
Canarias y 7 de otros territorios.
Andalucía tuvo 29.091 víctimas
Según el abogado de las asociaciones, Fernando Magán, entre estos nombres
se encuentran los de unos 4.000 desaparecidos que han sido exhumados en los
últimos años, así como varios centenares que han sido identificados en las
tareas de búsqueda que se están llevando a cabo en fosas situadas en Navarra,
Burgos, Madrid o Valencia.
Investigar ambos bandos
"No se trata de hacer una revisión en sede judicial de la Guerra
Civil".
Garzón ha explicado —a través del auto— que la investigación se realizará
"con independencia de su adscripción política, ideológica, religiosa o de
cualquier otra clase y sin que se establezca razón de diferenciación alguna
entre ellos".
El magistrado cree que la acción de la Justicia "debe desarrollarse
con el máximo respeto para las víctimas de estos crímenes execrables y
gravísimas violaciones de los derechos".
Sin embargo, explica que un examen "imparcial y sereno de los
hechos" le conduce a considerar que los vencedores de la
Guerra Civil aplicaron su derecho a los vencidos y desplegaron toda la acción
del Estado para la localización, identificación y reparación de las víctimas
caídas de la parte vencedora.
"No aconteció lo mismo respecto de los vencidos que además fueron
perseguidos, encarcelados, desaparecidos y torturados por quienes habían
quebrantado la legalidad vigente al alzarse en armas contra el Estado",
añade el auto.