Artículo de Vicenç Navarro
Ilustración de Mikel Jaso
Los trabajos de Vicenç Navarro, reflejan y denuncian la verdad sustraída a la Transición. En términos más populares detectados por el vulgo no solamente español, sino del mundo democrático, es preciso desenmascarar esta patraña que consiste en mantener, que la Constitución consensuada fue el pacto del olvido. Y sobre todo garantía de la impunidad de los crímenes del franquismo. En primer lugar la Corona. ¿Por qué no condena el franquismo? Porque la dictadura de Franco y la instauración de la monarquía tienen la misma base y el mismo origen. El golpe de estado que derrocó a la República. Franco se convirtió en la piedra angular del nuevo sistema. Rechazo de la República y proclive de la monarquía albergue de caciques. La Constitución de 1978 se erigió sobre la misma legalidad y legitimidad que la II República, pero Juan Carlos I se refugia en su trono recuperado, omitiendo dos requisitos que le reconciliarían con el pueblo y con la Historia: Reconocimiento de la legitimidad de la República y la condena de la dictadura. De esta manera se distanciaría de la dictadura y de Franco, y se acercaría a las víctimas de la Guerra Civil provocada por el golpe que derribó la República y de los que sufrieron la dictadura. No hay argumento que pueda hacer esta verdad cuestionable. Aunque se han vertidos chorros de tinta para justificar esta situación como la única posible. Y como consecuencia el tejido social emanado de esa falacia, fue constitutivo de la nefasta Transición. Los tres poderes del Estado han estado y están contaminados de esta perversión. Todos los partidos políticos que tejieron el entramado de la transición, por mucho que ahora la izquierda más significativa, quiera despegarse del bloque constitucional, han optado por unas posturas colaboracionistas con el franquismo. Los medios de comunicación han sido auténticos heraldos loando la Transición como la panacea de la salida de cualquier régimen despótico que haya que reconvertir en una modélica democracia. Hay demasiada gente embarcada en esta mentira. El franquismo se halla incrustado en todas las capas de la sociedad española. Sobre todo es más visible en el Partido Popular, legítimo heredero, que hunde sus raíces en el seno de la dictadura, teniendo como cordón umbilical a Fraga, su fundador. Despedido con alabanzas y discreción de todos, a excepción de Izquierda Unida. Igual que en el caso de la Corona, el PP jamás condenará el régimen de Franco por ser afín a sus principios e intereses. Los tres poderes del Estado han tenido la oportunidad de manifestar su militancia franquista, más o menos explícitamente. El poder judicial procesando a un juez por tratar de investigar el genocidio franquista. El poder legislativo por no condenar la dictadura, y el poder ejecutivo por no romper con la farsa de la reconciliación entre los españoles, derogando leyes que ya no son conformes con la Justicia Universal. Hay acciones del Gobierno socialista que han ido en sentido contrario, cuando ha pactado con los franquistas (PP), mutilar la legislación española en esta materia, para beneficiar a países cuyos regímenes no respetan los derechos humanos. Ejemplos: China e Israel. En la medida que aumente la valentía y el arrojo del pueblo, las mascaras de los franquistas irán cayendo vencidas por la vergüenza, incluyendo la del Rey de España. Pedro Taracena
Garzón y la Transición
19 enero 2012
Vicenç Navarro
Catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas de la Universitat Pompeu Fabra
Una de las concepciones más extendidas en los círculos políticos y mediáticos de mayor influencia y difusión en España es que la Transición de la dictadura a la democracia fue modélica. Liderada por el monarca, tal Transición dio como resultado –según esta versión– una democracia homologable a cualquier otra democracia existente en Europa, lo cual se consiguió sin mayores convulsiones en las instituciones políticas, económicas, financieras y mediáticas del país. El supuesto éxito de tal proceso explica que se haya querido incluso exportar este modelo de Transición a otras dictaduras que estaban bajo presión para que se transformaran en sistemas democráticos. Varias veces, el ministro de Asuntos Exteriores ha sugerido a dictaduras en declive, y a sus opositores democráticos, que tomaran la Transición española como punto de referencia.
La misma concepción que valora la Transición española como modélica (elemento fundamental de la sabiduría convencional existente en el país sobre aquel proceso), también considera ejemplar el compromiso adquirido por las fuerzas políticas mayoritarias de no hurgar en el pasado. Es decir, olvidarse de las enormes violaciones de los derechos humanos, predominantemente realizadas por las fuerzas golpistas en contra de un sistema democrático, olvido que se defendía y continúa defendiéndose como necesario para construir el futuro. Parte de este objetivo asumía que los definidos como los dos bandos del conflicto civil eran igualmente responsables de lo acaecido y que, por lo tanto, era mejor cerrar cuentas y olvidarse de lo ocurrido. De esta concepción deriva la Ley de Amnistía, en que todas las violaciones quedaron amnistiadas, ley que se considera determinante para que ocurriera la Transición, supuestamente modélica. Hay que señalar que, aun cuando las derechas fueron las que promovieron esta versión de la Transición, muchos elementos importantes fueron también asumidos por grandes sectores de las izquierdas, lo cual contribuyó a que tal percepción se reprodujera casi como un dogma.
Tal dogma, sin embargo se basó en una falsedad. La Transición no fue modélica como tampoco lo fue la democracia que estableció. Fue un proceso realizado bajo el dominio de las fuerzas conservadoras y por los aparatos heredados del régimen anterior, liderados por la monarquía, y claramente enquistados en el Estado español. No fue una Transición pactada entre iguales: antes al contrario. Las izquierdas acababan de salir de la cárcel o de la clandestinidad y del exilio.
Su peso procedía de las enormes movilizaciones de la clase trabajadora y otros elementos de las clases populares que presionaron para que terminara aquel régimen. De ahí que, aun cuando el dictador murió en la cama, la dictadura muriera en la calle. No obstante, las izquierdas no tenían el poder ni para romper con aquel Estado ni para negociar en bases de igualdad, dando lugar al enorme sesgo conservador que existe, no sólo en las estructuras del Estado, sino también en las instituciones financieras, económicas, culturales y mediáticas del país. Es este poder el que explica las enormes insuficiencias del Estado del bienestar español, que 33 años después de terminar la dictadura todavía tiene el gasto público social más bajo de la UE-15. La democracia incompleta ha conducido a un bienestar claramente insuficiente.
No hay un indicador mejor de lo inmodélica que fue la Transición y de las enormes limitaciones que tiene la democracia española que lo que ocurrirá esta próxima semana. El Tribunal Supremo juzgará al único juez que se ha atrevido a exigir al Estado que encuentre a los desaparecidos durante la brutal represión de los golpistas sublevados contra las fuerzas democráticas, honrándolos, a la vez que denunciando a los responsables. Esta situación cubre de vergüenza a toda España.
¿Cómo puede España presentarse como una sociedad democrática cuando ocurre este hecho que culmina un proceso que reproduce una de las mayores injusticias que ha ocurrido en el siglo XX en Europa? España es el país donde ha habido un número mayor de desaparecidos por causas políticas en Europa sin que se haya hecho nada sobre ello. Y cuando se quiere hacer algo, el Estado (nada menos que el Tribunal Supremo) quiere cerrar el caso y castigar al juez que osó mirar bajo la alfombra e intentar hacer algo de limpieza, reconociendo además a aquellos que fueron asesinados por su compromiso con la democracia. La comparación de lo que está ocurriendo en España con lo sucedido en otros países que sufrieron dictaduras fascistas o fascistoides semejantes es un indicador más del enorme subdesarrollo democrático de este país. En ningún otro país ha habido la ocultación de esta enorme represión, dejando indefensos a las víctimas y a sus familias, que no pueden ni siquiera honrar a sus muertos (que son los muertos de todos los demócratas) por no saber dónde se encuentran. El contraste entre el comportamiento del Estado español hacia las víctimas del terrorismo de ETA y el de las víctimas de las fuerzas golpistas y del Estado terrorista es bochornoso (no hay otra manera de definirlo).
Esta situación es indignante y vergonzosa. El Tribunal Supremo no es consciente del enorme desprestigio que el enjuiciamiento de Garzón por el caso de los desaparecidos significa para la Justicia española y para el Estado español. En el programa de humor de mayor audiencia en Estados Unidos se señalaba que, en la misma manera que Bolivia, sin mar, tiene Ministerio de Marina, España tenía Ministerio de Justicia. ¿No se dan cuenta de la vergüenza que están originando los miembros del Tribunal Supremo con su comportamiento, en el ámbito internacional? Por mera coherencia democrática debería haber manifestaciones a lo largo del territorio español en protesta por el insulto que el enjuiciamiento de Garzón supone a todas las fuerzas democráticas de España y del mundo.
